BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

Hay épocas en que el poder se impone por la fuerza y otras en que se instala en la lengua. En la nuestra, el neoliberalismo nos ha ensartado en la limpia República Verbal: nos hizo hablar su sintaxis, respirar su léxico y pensar con sus categorías antes de que pudiéramos advertir sus efectos. No se trata de una violencia ostensible sino de una persuasión pulcra; de un vocabulario técnico, impecable y aparentemente neutro que no manda sino que convence, que no grita sino que normaliza. Ese régimen no es un accidente retórico: es una estrategia política que transforma la política en procedimiento, la deliberación en trámite y la memoria en dato.

La operación fue simple y eficaz. Antes de tocar estatutos o presupuestos, se cambió el lenguaje con el que se pensaba la universidad. Palabras que nombraban comunidad, juicio y bien común fueron desplazadas por un léxico instrumental que prometía modernidad y dinamismo. Esa traslación semántica no es inocua: produce efectos materiales —recortes, precarización, reordenamiento de prioridades— porque cambia lo que cuenta y lo que deja de contar. El dispositivo funciona mediante palabras puente, vocablos que conectan sin ruido la esfera pública con la lógica del mercado. Son caballos de Troya semánticos; una vez aceptados, habilitan reformas que, sin ellos, habrían resultado impensables. Repetidos en documentos estratégicos, planes de estudio y convocatorias de financiación, estos términos dejan de ser opciones discursivas para convertirse en prescripciones institucionales.

El léxico que ha colonizado la universidad —excelencia, modernización, flexibilidad, innovación, emprendimiento, transferencia, aprender a aprender, educación a lo largo de la vida, autonomía, gobernanza, calidad, movilidad, resiliencia, ecosistema— no solo nombra: prescribe. Cada palabra actúa como una palanca que reconfigura prácticas, incentivos y afectos. La excelencia no describe; clasifica. Bajo su brillo moral se oculta un tamiz que concentra recursos y legitima jerarquías: lo que pasa el filtro es “excelente”, lo que no, queda fuera. La excelencia convierte la competencia en virtud y la cooperación en debilidad; transforma la diversidad en ruido y la igualdad en obstáculo. Modernización se presenta como avance, pero su sentido se invierte cuando significa adaptar instituciones a calendarios de inversión: modernizar pasa a ser sinónimo de externalizar, precarizar y sustituir la deliberación por la gestión. La modernización neoliberal es un mandato temporal: quien no se ajusta queda fuera del tiempo legítimo.

Flexibilidad suena a libertad y se practica como disponibilidad absoluta. Es el eufemismo que fragmenta carreras, precariza condiciones y convierte la estabilidad en excepción. Bajo su apariencia de autonomía, la flexibilidad naturaliza la desprotección y transforma derechos en privilegios condicionales. Innovación, proclamada como virtud suprema, se reduce con frecuencia a adaptación a demandas externas: acelera ritmos, prioriza retornos inmediatos y margina la investigación que no promete beneficios tangibles. La innovación así entendida desplaza la teoría crítica, las humanidades y la reflexión lenta; impone una temporalidad que privilegia lo urgente sobre lo esencial.

Emprendimiento transforma al sujeto en empresa de sí mismo: el estudiante deja de ser ciudadano en formación y se convierte en start‑up; el investigador, en gestor de proyectos. Emprendimiento es una ética de la autoexplotación que disuelve la idea de bien común en la lógica de la oportunidad individual. Transferencia mercantiliza el saber: la universidad se vuelve nodo de cadenas de valor, la investigación se orienta hacia contratos, patentes y consultorías. El conocimiento se mide por su capacidad de generar retorno y se margina aquello que no se traduce en beneficio inmediato. Las fórmulas pedagógicas —aprender a aprender y educación a lo largo de la vida— prometen autonomía y actualización, pero instauran un ciclo sin fin: la formación se vuelve deuda, la mejora continua una obligación moral. El sujeto resultante es perpetuamente inacabado, siempre en deuda con un mercado que exige actualización constante.

Autonomía se redefine como independencia financiera: menos autogobierno y más dependencia del mercado. Gobernanza transforma la política en procedimiento: cuadros de mando y métricas sustituyen la deliberación colectiva. Calidad se convierte en sinónimo de cumplimiento de indicadores; lo que no puede medirse desaparece del mapa de lo financiable. Movilidad se celebra como cosmopolitismo, pero en la práctica fragmenta trayectorias y produce desarraigo; su brillo oculta desigualdades. Resiliencia glorifica la capacidad de soportar y convierte la resistencia en mérito individual, ocultando la responsabilidad colectiva de transformar condiciones injustas. Ecosistema naturaliza la competencia: presenta la jerarquía como selección natural y la política como biología, disolviendo la posibilidad de solidaridad en una metáfora que legitima desigualdades.

Un producto muy bien terminado de ese lenguaje fue empaquetado y vendido como gran idea: el Plan Bolonia. Su retórica pulcra, sus métricas y su apariencia de neutralidad funcionaron como envoltorio impecable para una reforma que reconfiguró la universidad europea según criterios de mercado. Lo que se presentó como armonización y movilidad fue, en muchos casos, estandarización de la precariedad; lo que se vendió como transparencia fue la imposición de indicadores que miden lo medible y ocultan lo esencial. Bolonia actuó como agente de difusión de la lógica de eficiencia y competencia: erosionó la continuidad académica, fragmentó trayectorias y convirtió en norma lo que antes era excepción. La homologación de títulos y la conversión de programas en unidades medibles facilitaron la circulación de estudiantes y títulos, pero también facilitaron la fragmentación de carreras, la precarización de la docencia y la subordinación de los contenidos a criterios de empleabilidad inmediata. En ese sentido, Bolonia no fue solo una reforma administrativa: fue la cristalización práctica de una gramática que ya había colonizado el discurso universitario. La limpia República Verbal encontró en ese producto su realización: una reforma empaquetada con lenguaje técnico y promesas de progreso que, lejos de liberar, consolidó la captura del saber público.

La fuerza de este régimen no reside en la prohibición sino en la saturación. No impone por censura; impone por repetición: repite términos hasta que dejan de ser cuestionables y pasan a ser obvios. No borra el lenguaje antiguo: lo vuelve irrelevante. No destruye la universidad: la redefine desde dentro. Y lo más inquietante es la complicidad: al repetir esas palabras como si fueran inocuas, las hacemos eficaces. La colonización léxica altera afectos y expectativas. Genera sujetos que se autoevalúan según indicadores externos, que miden su valor por empleabilidad y productividad, que aceptan la precariedad como prueba de carácter. Produce instituciones que priorizan rankings y métricas sobre la formación integral, que sustituyen la paciencia de la investigación por la urgencia del proyecto financiable. Y erosiona la esfera pública: cuando la universidad deja de ser espacio de pensamiento colectivo, la sociedad pierde un taller donde se discuten fines comunes.

Nombrar la trampa es el primer gesto de resistencia. Recuperar vocablos que nombren comunidad, memoria, juicio y responsabilidad no es un gesto nostálgico: es una tarea política. No basta con denunciar; hay que desactivar la retórica que legitima la captura, reconstruir prácticas colectivas y restituir tiempos y espacios para la reflexión lenta. La resistencia exige tanto crítica conceptual como imaginación institucional: diseñar marcos de evaluación que valoren la cooperación y la continuidad; políticas de empleo que garanticen estabilidad; currículos que recuperen la profundidad y la pluralidad de saberes. Requiere también recuperar formas de deliberación que no se reduzcan a la suma de indicadores, restituir la autoridad de los cuerpos colegiados y proteger la investigación básica frente a la tiranía del retorno inmediato.

Desenmascarar el brillo de la República Verbal exige, además de crítica, imaginación: rehacer el lenguaje público, recomponer prácticas de cooperación y recuperar la paciencia de la reflexión. Es una tarea colectiva que pasa por nombrar, disputar y reconstruir —palabra por palabra— el sentido público de la universidad. Si la universidad ha de volver a ser un taller de pensamiento y un bien común, no bastan gestos aislados. Hace falta una política del lenguaje que recupere términos capaces de nombrar lo común; hace falta una política de empleo que restituya la estabilidad; hace falta una política curricular que reivindique la lentitud del pensamiento. Solo así podremos deshacer la costura que nos ensartó en la República Verbal y abrir, de nuevo, espacios donde la sociedad se piense a sí misma y no se reduzca a un engranaje más de una maquinaria que mide, clasifica y vende.