
Por Fernando Quirós
La universidad nació como una institución destinada a algo más que transmitir técnicas o certificar competencias: surgió como un espacio donde una sociedad se piensa a sí misma, donde se conserva la memoria colectiva y donde se cultiva la capacidad de juicio que permite a los ciudadanos deliberar, disentir y participar en la vida pública. Su legitimidad histórica se apoyó siempre en esa doble función: formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, sujetos capaces de comprender el mundo que habitan y de intervenir en él con responsabilidad. Durante siglos, esa promesa sostuvo la autoridad moral de la institución: custodiar relatos, preservar lenguajes, transmitir herramientas conceptuales que permiten interpretar el pasado, comprender el presente y proyectar futuros posibles. La universidad fue, en ese sentido, una de las infraestructuras simbólicas más importantes de la vida democrática.
Pero esa promesa se ha ido deshilachando. No de golpe, no mediante una reforma puntual, sino a través de un proceso lento, acumulativo, casi imperceptible en su día a día, pero devastador en su resultado. La universidad se ha visto arrastrada por una transformación profunda que no es solo organizativa ni pedagógica, sino civilizatoria. La primacía creciente de criterios utilitarios —la obsesión por la productividad, la empleabilidad inmediata, la rentabilidad económica del conocimiento— ha erosionado la función cívica de la institución. Cuando el valor del saber se mide exclusivamente por su capacidad de generar beneficios, la educación corre el riesgo de producir graduados técnicamente competentes pero políticamente desarmados, incapaces de sostener una vida pública crítica. Como advirtió Martha Nussbaum, las naciones “ansiosas de lucro” están descartando las habilidades necesarias para mantener vivas las democracias, y si esa tendencia persiste, formaremos “máquinas útiles”, no ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
La tensión entre utilidad económica y pensamiento crítico no es un debate académico: es una disputa por el sentido mismo de la universidad. En un mundo donde el conocimiento se ha convertido en un recurso estratégico, la universidad se ha transformado en un objetivo para actores que buscan instrumentalizarla. La presión para orientar la investigación hacia resultados aplicables, la reducción de la docencia a competencias instrumentales y la subordinación de la vida académica a indicadores cuantificables han alterado la ecología intelectual de la institución. Lo que no produce retornos inmediatos —la teoría, la reflexión lenta, las humanidades, la investigación básica— pierde valor simbólico y material. La universidad deja de ser un lugar donde se cultiva la duda y se ensaya la crítica para convertirse en un engranaje más de una maquinaria que exige resultados rápidos, visibles y rentables.
Esta transformación no es solo epistemológica: es también cultural. La lógica de la eficiencia y la excelencia medible ha penetrado en la vida universitaria hasta convertirse en un horizonte incuestionado. La evaluación permanente, la obsesión por la visibilidad, la presión por demostrar impacto, la reducción del tiempo disponible para pensar y enseñar, la sustitución de la confianza profesional por sistemas de vigilancia y control: todo ello configura un clima que empobrece la vida intelectual y erosiona la cooperación académica. La universidad, que debería ser un espacio de conversación lenta y de construcción colectiva de sentido, se ve sometida a una aceleración que dificulta la reflexión y favorece la superficialidad. La cultura académica se ha ido llenando de urgencias, de plazos, de métricas, de informes, de auditorías, de tareas que consumen el tiempo que antes se dedicaba a pensar, a leer, a escribir, a enseñar.
Las consecuencias para la formación estudiantil son evidentes. La presión por adaptar los planes de estudio a demandas de mercado ha reducido el espacio para asignaturas que fomentan la reflexión crítica, la interdisciplinariedad y la formación ética. Se priorizan contenidos técnicos y competencias instrumentales en detrimento de saberes que permiten comprender la complejidad del mundo social. El resultado es una educación que prepara para el empleo pero empobrece la capacidad de los graduados para participar como ciudadanos informados. La erosión de las humanidades y de las ciencias sociales es especialmente grave: sin Filosofía, Historia, Sociología o Antropología, una sociedad pierde la capacidad de pensar la justicia, la memoria, la identidad y el conflicto. La democracia, sin esos saberes, pierde su base epistemológica.
La universidad no es solo un conjunto de aulas y laboratorios: es una institución que encarna una idea de sociedad. Cuando esa institución se reconfigura según criterios de mercado, la sociedad entera se transforma. La privatización del conocimiento, la reducción de la educación a un bien de consumo, la subordinación de la investigación a intereses particulares y la precarización de quienes sostienen la vida académica no son fenómenos aislados: son síntomas de una mutación más profunda. La universidad deja de ser un bien común y se convierte en un espacio donde se disputa la hegemonía cultural, donde se decide qué saberes merecen existir y cuáles pueden desaparecer.
La descomposición universitaria tiene también una dimensión emocional, humana, cotidiana. Se manifiesta en la fatiga acumulada de quienes enseñan e investigan, en la sensación de trabajar siempre contra el reloj, en la pérdida de tiempo para leer, para preparar clases, para acompañar a los estudiantes, para pensar con calma. Se manifiesta en la frustración de quienes ven cómo sus disciplinas se reducen o desaparecen, cómo sus departamentos se vacían, cómo sus proyectos se interrumpen por falta de recursos. Se manifiesta en la tristeza de quienes recuerdan una universidad más abierta, más deliberativa, más comunitaria, y contemplan ahora un paisaje dominado por la burocracia, la competencia interna y la precariedad.
La universidad en descomposición no es un fenómeno natural: es el resultado de decisiones políticas, de reformas acumuladas, de prioridades impuestas. Y, sin embargo, se presenta a menudo como un proceso inevitable, como una adaptación necesaria a un mundo globalizado y competitivo. Esa naturalización es uno de los efectos más perversos de la transformación: convierte en destino lo que es consecuencia de políticas concretas. La universidad no se está descomponiendo porque el mundo haya cambiado; se está descomponiendo porque se la ha empujado hacia un modelo que privilegia la rentabilidad sobre la reflexión, la eficiencia sobre la deliberación, la visibilidad sobre la profundidad.
La situación exige una reflexión colectiva y una intervención política decidida. No basta con denunciar la degradación; es necesario comprender sus causas, identificar los mecanismos que la producen y articular alternativas que restituyan la función pública de la universidad. Esta serie de artículos que iniciamos hoy se proponen precisamente eso: ofrecer un diagnóstico riguroso de la transformación de la universidad en el marco del capitalismo cognitivo, analizar los dispositivos que capturan el saber público y explorar las condiciones de posibilidad de una reconstrucción democrática de la institución.
Conviene subrayar tres realidades que desmienten cualquier ilusión de reforma inocua. Primero: las políticas universitarias de conservadores y socialdemócratas han resultado, en la práctica, indistinguibles; ambos han sostenido marcos que normalizan la competencia, la gestión por indicadores y la mercantilización del saber. Segundo: mientras se predica la excelencia, las universidades públicas son dejadas a su suerte; se recortan recursos, se precariza al profesorado y se externalizan funciones, mientras proliferan universidades privadas que operan como negocios. Tercero: ese abandono y esa privatización no son abstracciones, sino procesos que erosionan la autonomía, la calidad y la función democrática de la universidad.
La Universidad Complutense de Madrid —símbolo y víctima de este proceso— encarna esta descomposición. Sus aulas pierden tiempo, sus departamentos pierden estabilidad, su misión pública se deshilacha. La institución que durante décadas fue un referente intelectual y político se encuentra hoy atrapada entre la precariedad, la burocracia y la presión por demostrar una excelencia que nadie financia. Si no se actúa con urgencia y con voluntad política real, la universidad pública que conocemos será irreversiblemente transformada en otra cosa.
No se trata de lamentar un pasado idealizado, sino de comprender un presente que amenaza con clausurar la posibilidad misma de una universidad pública, crítica y democrática. Lo que está en juego no es solo el futuro de una institución, sino la capacidad colectiva de pensar, deliberar y construir un futuro compartido. La universidad en descomposición no es un problema sectorial: es un síntoma de una crisis más profunda de nuestra vida democrática.

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