EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA
La universidad pública es un pilar esencial de la sociedad, un espacio donde la educación y la investigación se unen para impulsar el bienestar colectivo. Gracias a la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del esfuerzo, estudiantes de todos los orígenes pueden alcanzar sus metas y desarrollar su potencial.
Más allá de su función educativa, la universidad pública es un bastión de pensamiento crítico y generación de conocimiento. Se erige como un foro de debate y reflexión, donde la curiosidad y la innovación florecen, y se cultivan valores fundamentales como la justicia, la equidad y la solidaridad.
Su impacto trasciende las aulas y alcanza a toda la sociedad. Como motor del desarrollo económico y social, forma profesionales comprometidos con el progreso y el bienestar común. Al ser un crisol de disciplinas y perspectivas, nutre la diversidad intelectual y fortalece la capacidad de abordar los desafíos contemporáneos.
En un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio constante, la universidad pública es más necesaria que nunca. Constituye un espacio donde se construye un futuro más justo y sostenible, promoviendo la movilidad social y garantizando que el acceso a la educación superior sea un derecho, no un privilegio.
Por ello, es imprescindible defender y fortalecer la universidad pública, asegurando su financiación adecuada, su autonomía y su compromiso con la sociedad. Solo así podremos garantizar que siga siendo un pilar de la democracia y el desarrollo, un espacio donde el conocimiento y la educación continúen iluminando el camino hacia un mañana mejor.
Sin embargo, en España, la universidad pública enfrenta una serie de amenazas que ponen en riesgo su esencia y su contribución al progreso social. Políticas que la asfixian económicamente y restringen su autonomía han favorecido el crecimiento desmedido de universidades privadas, desplazando el modelo público en detrimento de la equidad y el acceso universal a la educación. Esta situación socava la igualdad de oportunidades y debilita la capacidad de la universidad pública para transformar la sociedad y garantizar la movilidad social.
A diferencia de las universidades privadas, que priorizan el beneficio económico y limitan el acceso a quienes pueden costearlo, la universidad pública garantiza una formación de calidad sin distinción de origen o recursos. Mientras que las instituciones privadas imponen matrículas elevadas y muchas veces orientan sus programas según intereses comerciales, las públicas fomentan la diversidad académica y la independencia investigadora, asegurando que el conocimiento se genere en función del bien común y no de los intereses particulares.
Asimismo, la universidad pública es el epicentro de la innovación científica y tecnológica, promoviendo avances que impactan a toda la sociedad, no solo a quienes pueden pagarlos. Su capacidad de generar conocimiento sin restricciones económicas permite abordar problemas globales con una perspectiva de justicia social y desarrollo sostenible.
Además de estos riesgos, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2010 ha supuesto un peligro añadido para la universidad pública, al imponer un modelo gerencial propio de las universidades privadas. La orientación hacia el mundo empresarial, lejos de fortalecer el espíritu crítico y la libertad intelectual, ha promovido una visión pragmática de la educación, donde la rentabilidad y la inserción laboral inmediata pesan más que la formación integral del individuo. Este enfoque ha debilitado la función de la universidad como espacio de reflexión y producción de conocimiento autónomo, desplazando el ideal de una educación basada en la profundidad académica y el pensamiento libre.
Esta tendencia responde a una estrategia neoliberal global que busca transformar las universidades en instituciones orientadas al mercado, dejando en segundo plano su papel fundamental en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo social. En España, este modelo ha sido impulsado por gobiernos que favorecen la expansión de universidades privadas en detrimento de la educación pública. En comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la proliferación de instituciones privadas, algunas con estándares académicos cuestionables, ha crecido de manera alarmante, favoreciendo una lógica mercantilista en la educación superior.
En este contexto, figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía representan una versión especialmente agresiva de este modelo. Sus políticas han facilitado el crecimiento descontrolado de universidades privadas, muchas de ellas de calidad dudosa, mientras que la educación pública es cada vez más estrangulada financieramente y limitada en su autonomía. En los territorios que gobiernan, estos centros privados proliferan como níscalos en un pinar después de la lluvia, contribuyendo a la progresiva mercantilización del saber y desplazando un modelo educativo basado en la equidad, el pensamiento crítico y el acceso universal.
Defender la universidad pública no solo es una cuestión de educación, sino de equidad, progreso y democracia. Su fortalecimiento es fundamental para garantizar un futuro en el que el conocimiento siga siendo un derecho accesible para todos, y no un privilegio reservado a unos pocos.
BLOG DE FERNANDO QUIRÓS 