BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

El 26 y 27 de noviembre la comunidad universitaria madrileña está llamada a la huelga general. No es un gesto simbólico: es una respuesta urgente al ahogo financiero, a la infrafinanciación crónica y a una legislación —la LESUC— que amenaza con consolidar el ideario trumpista de Ayuso y someter la universidad pública a un control político-empresarial sin precedentes. La universidad pública en Madrid vive una situación límite que no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia política calculada. Desde 2009, los recortes han alcanzado el 34,9% en la Complutense, la mayor del país, y cinco de las seis universidades públicas madrileñas están en números rojos. La inversión por estudiante es un 21% inferior a la media nacional, a pesar de que Madrid es la región con mayor renta per cápita. Ayuso ha convertido la infrafinanciación en un arma de destrucción lenta contra lo público, estrangulando presupuestos, precarizando plantillas y deteriorando infraestructuras para justificar la entrada del capital privado.

La LESUC, presentada como modernización, de aprobarse consolidaría el ideario trumpista de Ayuso. No se limita a abrir la puerta a la proliferación de universidades privadas: establece mecanismos de control que recortan la autonomía de las públicas y refuerzan la subordinación al poder político y empresarial. Uno de los aspectos más preocupantes es la creación de un ente de control económico que tendría la potestad última sobre las cuentas de las universidades públicas, por encima de rectores y equipos de gestión. En la práctica, este organismo no se limitaría a las públicas: las privadas y las empresas que las apoyan acabarían beneficiándose de un marco legal que legitima su influencia y les otorga capacidad de supervisión sobre el sistema en su conjunto. La LESUC también contempla sanciones contra la protesta estudiantil y docente, incluyendo multas por manifestaciones no autorizadas dentro de los campus. Este componente represivo busca desactivar la contestación social y blindar el modelo privatizador frente a la resistencia de la comunidad universitaria. En lugar de garantizar espacios de debate y crítica, la ley criminaliza la movilización y convierte el derecho a la protesta en un riesgo económico para quienes lo ejercen.

En este contexto, la plataforma “UCM por la Pública” ha emergido como un referente de resistencia y creatividad. Sus iniciativas —encierros en facultades, asambleas abiertas, concentraciones frente a la Asamblea de Madrid y campañas simbólicas de gran impacto— han logrado visibilizar la precariedad y la infrafinanciación, al tiempo que han tejido alianzas entre estudiantes, profesorado y personal de administración. Además, han combinado la protesta con la pedagogía política mediante talleres, desayunos reivindicativos y acciones comunicativas que fortalecen la conciencia crítica. Su capacidad de unir a la comunidad universitaria en torno a la defensa de lo público demuestra que la lucha no es solo reactiva, sino también propositiva y profundamente democrática.

La concentración de decanas y decanos complutenses en la Puerta del Sol, acompañada de un manifiesto claro y valiente en defensa de la universidad pública, ha marcado un hito en esta movilización. Frente a la represión y el ahogo presupuestario, las autoridades responsables de las facultades han levantado la voz con dignidad, señalando la gravedad de la LESUC y la urgencia de frenar su avance. Ese gesto contrasta de manera dolorosa con el silencio del rectorado, que le debe todo a Ayuso, que se muestra como rehén de sus políticas y cómplice de su proyecto neoliberal. Más grave aún: se pretendió imponerles silencio, prohibiéndoles hacer declaraciones a la prensa, como si la defensa de la universidad pública fuera un delito. Mientras las decanas y decanos se plantan en el corazón de Madrid para defender la autonomía universitaria, el rectorado se pliega a la lógica del poder, renunciando a su deber de proteger a la comunidad que representa.

Madrid se ha convertido en el epicentro de la barbarie neoliberal. La política regional ha favorecido la expansión privada, reforzando una brecha cada vez más evidente entre quienes pueden pagar y quienes dependen de lo público. La universidad pública, motor histórico de movilidad social, se ve reducida a números rojos y a una lucha constante por sobrevivir. La huelga general universitaria del 26 y 27 de noviembre es, por tanto, una respuesta legítima y necesaria. Es el momento de decir basta al ahogo financiero, de denunciar la infrafinanciación que asfixia a nuestras universidades y de exigir la retirada de un marco legal —la LESUC— que pretende disciplinar a la universidad pública, someterla a un control externo y reprimir la disidencia.

El 26 y 27 de noviembre no son simples fechas: son el inicio de una rebelión democrática en defensa del conocimiento como derecho y no como mercancía. Que las aulas vacías se conviertan en trincheras, que las calles se llenen de voces, que la protesta se transforme en un clamor colectivo. La huelga es nuestra arma, la unidad nuestra fuerza, la universidad pública nuestra bandera. ¡Madrid en pie, estudiantes, administrativos y técnicos junto al profesorado unidos: la universidad no se vende, se defiende! La huelga ha de ser el comienzo de la victoria.