BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

La acreditación del profesorado universitario en España, gestionada por la ANECA, se ha convertido en un laberinto burocrático que asfixia la academia. Lo que debería ser un sistema para garantizar la excelencia docente e investigadora ha terminado por convertirse en un mecanismo rígido, arbitrario y, en muchos casos, profundamente injusto.

No se trata de cuestionar a quienes han logrado una promoción profesional gracias a su experiencia y méritos reales. Hay excelentes profesores e investigadores que han superado los criterios de acreditación con esfuerzo y calidad. Pero el problema es que, junto a ellos, muchos docentes consiguen la acreditación sin cumplir realmente con los estándares de excelencia. Aún más preocupante es que el sistema deja espacio para que se cuelen personas que, directamente, sobran en la Academia: individuos que han aprendido a navegar la burocracia sin aportar valor real a la enseñanza ni a la investigación. Otros, en cambio, logran la acreditación por méritos de gestión, aunque ni investiguen ni sus clases tengan calidad alguna.

Un sistema que premia la burocracia

Desde su creación en 2002, la ANECA ha desarrollado varios programas de acreditación, siendo ACADEMIA y PEP los más relevantes. ACADEMIA es el programa destinado a la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (titulares y catedráticos), mientras que PEP regula el acceso a figuras contractuales como Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor. Ambos han evolucionado hacia modelos cada vez más burocráticos, con criterios rígidos y poco transparentes que dificultan el desarrollo de una carrera académica basada en la excelencia.

La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, lejos de corregir estos problemas, ha perpetuado el requisito de acreditación sin introducir mecanismos más justos y eficaces. La acreditación sigue dependiendo de criterios inflexibles, de la sumisión a los sexenios de investigación y de programas como DOCENTIA, sin ofrecer alternativas reales para evaluar la calidad docente e investigadora.

La mercantilización de la acreditación

Como era de esperar, la desesperación del profesorado por obtener la acreditación ha generado un negocio paralelo. Empresas privadas han encontrado una oportunidad de lucro en este sistema, ofreciendo asesoramiento sobre cómo obtener un sexenio o ser acreditado. Algunas, incluso, redactan y presentan las solicitudes en nombre del profesor, a cambio de dinero.

En lugar de garantizar una evaluación más equitativa, la acreditación se ha convertido en un mercado donde quienes pueden pagar tienen acceso a servicios que les facilitan el proceso, mientras que aquellos que no pueden permitírselo deben enfrentarse solos a la maraña burocrática.

Un sistema de exclusión

El problema no es solo la burocracia o la falta de transparencia, sino el castigo a quienes no se someten al sistema. Un profesor que haya decidido no pasar por DOCENTIA o por la evaluación de la CNEAI, aunque sea un excelente docente y siga publicando investigaciones de calidad, tiene prácticamente imposible ser acreditado. La ANECA no reconoce la calidad docente si no está validada por DOCENTIA, ni la producción investigadora si no ha pasado por el filtro de los sexenios.

Este mecanismo de exclusión convierte la acreditación en un sistema de control más que en una evaluación real del mérito académico. Se castiga a quienes optan por modelos alternativos de enseñanza y producción científica, obligándolos a someterse a un sistema que prioriza la burocracia sobre la excelencia.

Urge una reforma profunda

La acreditación del profesorado universitario necesita una reforma urgente. Es imprescindible reducir la burocracia, flexibilizar los criterios de evaluación y garantizar la estabilidad laboral del profesorado. La universidad no puede seguir siendo un espacio donde la acumulación de cargos administrativos y la habilidad para sortear trámites burocráticos sean más importantes que la calidad docente e investigadora.

Si no se toman medidas, la acreditación seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo de una universidad verdaderamente comprometida con la excelencia y el progreso del conocimiento.