BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

Las universidades públicas de Madrid han pasado a ser el nuevo campo de batalla de Isabel Díaz Ayuso, quien parece decidida a someterlas a su control político y a silenciar cualquier disidencia dentro de sus campus. A la asfixia económica que los rectores llevan denunciando desde hace un año, se suma ahora un proyecto legislativo que atenta directamente contra la autonomía universitaria.

El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), fechado el 29 de mayo, introduce un régimen sancionador de una severidad insólita, diseñado para restringir la libertad de expresión y castigar la protesta estudiantil. Entre las infracciones consideradas “graves” se incluyen los escraches y las manifestaciones no autorizadas que interfieran en otras actividades, con sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros.

La paradoja es indignante y grotesca: quienes literalmente asaltaron el campus el 24 de enero de 2023, cuando Ayuso fue nombrada Alumna Ilustre por el rector Joaquín Goyache, y quienes fueron descubiertos con papeletas de Goyache el día de las elecciones a rector, ahora presumen de haber inspirado el régimen sancionador de la LESUC. Los mismos que convirtieron la Complutense en un circo de propaganda electoral,  al grito de «Fuera comunistas de la universidad» y amenazaron a otros alumnos por pensar diferente, ahora se erigen en defensores del orden y la convivencia universitaria. Quienes instrumentalizaron el campus para sus propios intereses políticos y recurrieron a la intimidación para imponer su visión, ahora dictan las normas que castigarán a quienes se atrevan a protestar.

El nombramiento de Ayuso como “Ilustre”, no fue un acto aislado, sino el inicio de su campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. La presidenta madrileña convirtió la Complutense en un escenario político, rodeándose de simpatizantes y asegurándose de que el evento reforzara su imagen como supuesta defensora de la libertad frente a lo que ella considera el dominio de la izquierda en la universidad. Pero la libertad que Ayuso defiende es la suya, la de sus seguidores, la de quienes la vitorean. Para el resto, la ley. Para los que protestan, multas. Para los que disienten, sanciones.

Su intervención en la Complutense no terminó ahí. Durante las elecciones a rector de marzo de 2023, Ayuso y su equipo desplegaron una estrategia que, según diversas fuentes, tuvo un impacto directo en el proceso electoral. La campaña estuvo marcada por la presencia de grupos afines a la presidenta, como la asociación Libertad Sin Ira, vinculada a Nuevas Generaciones del Partido Popular, que se infiltraron en los grupos de WhatsApp de estudiantes, repartieron sobres con papeletas y empapelaron el metro y las facultades con carteles contra la candidata rival, Esther del Campo.

El resultado fue la reelección de Joaquín Goyache, quien, según diversas voces críticas, terminó siendo el candidato que el Partido Popular logró imponer en la Complutense. Aunque el procedimiento electoral fue limpio, la campaña estuvo marcada por una fuerte intervención externa que dejó heridas en la comunidad universitaria. La universidad, que debería ser un espacio de pensamiento libre, se convirtió en un tablero de juego donde Ayuso movía las piezas a su favor.

Ahora, la nueva ley universitaria de Ayuso parece cerrar el círculo, estableciendo un régimen sancionador que endurece las restricciones a las protestas en los campus y que entra en conflicto con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, así como con el Estatuto del Empleado Público de 1986. En contraste, las leyes universitarias de Cataluña (2003) y el País Vasco (2004) no incluyen disposiciones sancionadoras de este tipo.

Las infracciones más severas, castigadas con multas de hasta un millón de euros por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, abarcan desde la apertura de centros sin autorización hasta la falsificación de documentos para acceder a estudios superiores. También se contemplan sanciones por publicidad engañosa sobre permisos académicos, la obstrucción a la actuación de las fuerzas de seguridad o la organización de referéndums no autorizados.

La universidad pública, históricamente un espacio de pensamiento crítico y debate se enfrenta ahora a una ofensiva sin precedentes. Ayuso no solo ha intervenido en su autonomía financiera, sino que ahora pretende regular qué se puede decir y cómo se puede protestar dentro de sus muros. La presidenta madrileña, que convirtió la Complutense en un escenario de propaganda electoral, parece decidida a transformar los campus en espacios controlados, donde la disidencia se castiga con sanciones económicas desorbitadas y donde el miedo sustituye al pensamiento libre.

Las preguntas que quedan en el aire son claras: ¿permitirá la comunidad universitaria que Ayuso imponga su modelo de universidad disciplinada y sumisa, o logrará resistir este asalto final? ¿A qué espera Joaquín Goyache para retirar el nombramiento de Alumna Ilustre a esta neofranquista ignorante?