
Por Fernando Quirós
Neoliberalismo y el ataque a la educación universitaria
Las políticas neoliberales han convertido la educación universitaria en un modelo basado en la mercantilización del conocimiento, la reducción del financiamiento público y la subordinación de la enseñanza a las demandas del mercado. Bajo este enfoque, las universidades dejan de ser espacios de pensamiento crítico y desarrollo social para operar bajo lógicas empresariales, donde la rentabilidad prima sobre la calidad educativa.
La privatización, el aumento de las matrículas y la precarización del profesorado han profundizado la desigualdad en el acceso a la educación superior y debilitado su papel como motor de progreso y justicia social. En este contexto, gobiernos autoritarios han utilizado el control financiero y regulatorio para someter a las universidades a su agenda ideológica, atacando su autonomía y restringiendo la libertad de pensamiento.
La ofensiva de Trump contra las universidades estadounidenses
La administración de Donald Trump ha representado un ataque frontal contra la educación superior en Estados Unidos, empleando el financiamiento federal y la regulación como herramientas de presión para imponer su agenda ideológica. Su gobierno ha castigado a instituciones que defienden la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), ha restringido el acceso de estudiantes inmigrantes y ha amenazado con sanciones a universidades que no se alinean con sus políticas.
Universidades públicas bajo presión
Las universidades públicas han sido uno de los principales blancos de su ofensiva. La Universidad de Connecticut (UConn), por ejemplo, ha visto cómo la eliminación de la política de «ubicaciones sensibles» ha puesto en peligro a estudiantes inmigrantes, quienes ahora temen ser arrestados en el campus.
Además, más de 50 universidades han sido investigadas por el Departamento de Educación debido a sus programas de admisión y becas basadas en raza, mientras que más de 60 instituciones han recibido advertencias sobre posibles sanciones si no modificaban sus políticas. Trump también ha congelado fondos federales destinados a la educación pública, afectando la investigación y el apoyo a estudiantes de bajos recursos.
El castigo a las universidades privadas
Las universidades privadas tampoco han escapado de su embestida. Harvard enfrentó la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales tras negarse a cumplir con las exigencias del gobierno, que incluían restricciones a protestas en el campus y cambios en sus políticas de admisión.
Cornell University vio bloqueados más de 1.000 millones de dólares en fondos federales bajo el pretexto de investigar posibles violaciones de derechos civiles. Columbia University tuvo que aceptar una serie de demandas del gobierno para desbloquear 400 millones de dólares en financiamiento congelado.
Éxodo académico y la respuesta europea
Este ataque a la educación superior ha provocado un éxodo de profesores y estudiantes que buscan refugio en Europa. Universidades como la Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Bélgica y Aix-Marseille University en Francia han lanzado programas para atraer académicos estadounidenses afectados por la represión de Trump.
VUB ha creado 12 plazas postdoctorales específicamente para científicos estadounidenses, mientras que Aix-Marseille ha creado el programa «Safe Place for Science», que ya ha recibido más de 100 solicitudes. La Comisión Europea ha acelerado los procedimientos de visa para investigadores estadounidenses y ha lanzado el programa «Choose Europe for Science», con un presupuesto de 500 millones de euros destinado a fortalecer la competitividad científica del continente.
Autoritarismo universitario en otros países
Este tipo de políticas no son exclusivas de Estados Unidos. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán expulsó a la Universidad Central Europea (CEU) en 2018, imponiendo regulaciones que dificultaban su operación y restringiendo programas de estudios de género.
En Turquía, tras el intento de golpe de Estado en 2016, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan despidió a miles de profesores universitarios y cerró decenas de instituciones educativas, imponiendo restricciones a la autonomía universitaria. Incluso en Dinamarca, aunque de manera menos extrema, el gobierno ha implementado reformas que han cambiado la composición del personal universitario y reforzado el control estatal sobre la educación superior.
La política universitaria de Javier Milei: el alumno más aventajado de Trump
El gobierno de Javier Milei ha seguido una línea de confrontación con el sistema universitario argentino, enmarcada en su política de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Como el alumno más aventajado de Trump, ha replicado estrategias para debilitar la autonomía universitaria y someter a las instituciones educativas a su agenda ideológica.
Ha cuestionado el financiamiento de las universidades públicas, exigiendo auditorías sobre el uso de los fondos y denunciando un supuesto adoctrinamiento ideológico en las aulas.
Uno de los episodios más polémicos fue el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos para las universidades nacionales. Milei justificó su decisión argumentando que la ley no especificaba de dónde se obtendrían los fondos y que atentaba contra su política de «déficit cero».
Esto generó una ola de protestas en universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba, donde docentes y estudiantes organizaron tomas y clases públicas en rechazo al ajuste.
Conclusión
El ataque a la educación superior por parte de gobiernos autoritarios y neoliberales no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática para desmantelar el pensamiento crítico, debilitar la autonomía universitaria y someter el conocimiento a intereses políticos y económicos. Desde la ofensiva de Trump contra las universidades estadounidenses hasta la represión académica en Hungría, Turquía y Argentina, el patrón es claro: la educación es vista como una amenaza cuando fomenta la diversidad, la equidad y el cuestionamiento del poder.
La mercantilización del saber, la censura ideológica y el éxodo de académicos son síntomas de una crisis global que busca transformar las universidades en instrumentos de control y propaganda. Frente a este panorama, la resistencia universitaria y la solidaridad internacional se vuelven esenciales para defender la educación como pilar de la democracia y la justicia social.

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