BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

El PP impulsa la privatización universitaria, debilitando la educación pública y la investigación. Su modelo elitista y mercantilizado amenaza la equidad educativa y, con ello, la calidad democrática.

Privatización y precarización de la educación pública

El PP ha convertido la expansión de universidades privadas en una de sus principales banderas, presentando las regulaciones del Gobierno como un ataque ideológico. Sin embargo, muchas de estas instituciones han proliferado sin cumplir estándares mínimos de calidad, funcionando más como negocios que como centros académicos.

Madrid es el ejemplo más claro de esta tendencia, con 13 universidades privadas, muchas de ellas propiedad de grandes grupos empresariales o instituciones religiosas. Destacan la Universidad Europea de Madrid (grupo Laureate International Universities), la Universidad Francisco de Vitoria (Legionarios de Cristo), la Universidad Camilo José Cela (grupo educativo SEK) y la Universidad San Pablo CEU (Fundación Universitaria San Pablo CEU). Mientras tanto, la inversión por alumno en las universidades públicas madrileñas es la más baja de España, lo que ha generado una precarización del sistema público.

En Castilla y León, el PP ha favorecido la consolidación de universidades privadas como la Universidad Católica de Ávila, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la IE Universidad, vinculada al Instituto de Empresa. En la Comunidad Valenciana, destacan la Universidad Cardenal Herrera CEU y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, ambas con un fuerte componente religioso.

En la Región de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), propiedad de la Fundación Universitaria San Antonio, ha sido objeto de críticas por su modelo de gestión y su vinculación con sectores conservadores. En Andalucía, la Universidad Loyola Andalucía, vinculada a la Compañía de Jesús, es la principal institución privada.

Además, en comunidades como Extremadura, Galicia, Baleares y Canarias, el PP ha impulsado proyectos para la creación de nuevas universidades privadas sin garantizar una regulación estricta.

Mientras se favorece la expansión de universidades privadas, el PP ha promovido un modelo de financiación que asfixia económicamente a las universidades públicas, limitando su capacidad de innovación y desarrollo. A pesar de que las universidades públicas son las principales responsables de la investigación científica y académica, las privadas apenas contribuyen con un 8% del total de la producción investigadora. Según el Informe CYD 2024, el gasto total por estudiante en educación superior en España es un 23,6% inferior a la media de la OCDE y un 21,8% por debajo del promedio de la UE.

Este modelo de financiación desigual refuerza la precarización de la universidad pública, afectando su capacidad de ofrecer una educación accesible y de calidad.

La PAU común: una falsa igualdad

La propuesta de una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) común en las comunidades gobernadas por el PP busca generar una falsa sensación de equidad. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene un currículo propio, adaptado a sus necesidades y características, por lo que imponer una prueba única sin armonizar los contenidos educativos generaría una desigualdad aún mayor.

En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha respaldado la implantación de una PAU común, justificándola como una medida para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, varios expertos han señalado que esta prueba única ignora las diferencias curriculares entre comunidades, lo que podría perjudicar a los estudiantes de regiones con menor inversión educativa.

En Galicia y la Comunidad Valenciana, la imposición de una PAU común no contempla adecuadamente la presencia de lenguas cooficiales en el currículo, lo que genera una prueba que no refleja la formación real de los estudiantes. En Galicia, el bachillerato incluye el gallego como asignatura obligatoria, mientras que en la Comunidad Valenciana ocurre lo mismo con el valenciano.

En Andalucía, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha defendido la PAU común como una forma de garantizar la excelencia educativa, pero la comunidad sigue enfrentando problemas estructurales en su sistema universitario, con una financiación insuficiente y una brecha creciente entre universidades públicas y privadas.

El distrito único universitario: concentración y desigualdad

La propuesta de un distrito único universitario favorece a los estudiantes con mejores notas y recursos económicos. En un sistema donde las universidades más prestigiosas se concentran en determinadas regiones, permitir que los estudiantes accedan sin restricciones geográficas significa que aquellos con menos recursos tendrán menos posibilidades de acceder a centros de calidad.

En La Rioja y Cantabria, donde hay menos universidades de prestigio, la propuesta de un distrito único universitario podría provocar una fuga de talento hacia Madrid y Valencia, debilitando las instituciones locales.

Conclusión: una amenaza para la educación y la democracia

Las políticas del PP en materia universitaria no buscan mejorar la calidad educativa ni garantizar el acceso equitativo a la educación superior. En su lugar, promueven la privatización y el elitismo, favoreciendo a los sectores con mayores recursos mientras debilitan el sistema público.

Si estas medidas ya están afectando gravemente a las universidades en las comunidades autónomas donde gobierna el PP, la preocupación aumenta ante la posibilidad de que este partido llegue al Gobierno de la nación. Con el control del Ejecutivo, podría profundizar aún más en la mercantilización de la educación superior, debilitando la financiación pública, favoreciendo la expansión de universidades privadas sin garantías de calidad y reduciendo el papel de la investigación en el sistema universitario.

La liquidación del sistema público no solo supondría un golpe irreversible para la educación superior, sino que también conllevaría una inevitable degradación de la democracia. La universidad pública ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, investigación independiente y movilidad social. Su debilitamiento en favor de intereses privados limitaría el acceso al conocimiento, concentrándolo en manos de quienes puedan pagarlo, y erosionaría la capacidad de la sociedad para cuestionar y transformar su realidad.

Sin una universidad pública fuerte, el debate plural y la producción científica quedarían supeditados a intereses económicos y políticos, poniendo en riesgo los principios fundamentales de una democracia abierta y participativa. La educación superior no es solo un mecanismo de formación profesional, sino un pilar esencial para el desarrollo de una ciudadanía crítica y comprometida. Su desmantelamiento en favor de un modelo privatizado y elitista marcaría un retroceso histórico, afectando no solo a la calidad educativa, sino también a la capacidad de la sociedad para defender sus derechos y libertades.