La Universidad Complutense de Madrid ha eliminado las exenciones docentes para los profesores que no tengan un sexenio de investigación activo, lo que supone una mayor carga docente para quienes no siguen el modelo de evaluación impuesto. Esta medida, que ha sido tomada por el Consejo de Gobierno ignorando a los órganos de representación del PDI, responde a una lógica económica más que académica.
Por Fernando Quirós
En España, la investigación de los docentes funcionarios y aquellos con contrato indefinido se evalúa cada seis años a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada en la ANECA. Este sistema nació en 1989 con el Decreto 1086/1989, como una compensación económica para el profesorado debido a la pérdida de poder adquisitivo. Inicialmente voluntario y de bajo impacto, la evaluación primó la citación en revistas de impacto según el Journal Citation Report (JCR), dejando en segundo plano otras formas de investigación como la publicación de libros.
Desde sus inicios, el sistema se implantó con una definición arbitraria de las áreas de conocimiento y un proceso de selección de evaluadores poco transparente. Por ello, muchos docentes decidieron no someterse a la evaluación o abandonarla tras las primeras revisiones, sin que esto implicara el fin de su producción científica. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001, dentro del marco del Proceso de Bolonia, los sexenios se convirtieron en un indicador de calidad de facto, evolucionando progresivamente hacia un mecanismo punitivo.
La evaluación de la CNEAI ha pasado de ser un complemento económico a convertirse en un criterio de excelencia académica, con efectos en las nóminas y en el acceso a cargos evaluadores dentro de las universidades. Además, los aspirantes a plazas de profesorado contratado también son evaluados bajo estos parámetros, favoreciendo la medición bibliométrica sobre la formación docente. Desde 2012, el sistema castiga al profesorado sin un número determinado de sexenios o sin un “sexenio vivo” en los últimos seis años, imponiendo una carga docente adicional.
Ahora, en 2025, la UCM ha eliminado las exenciones docentes para aquellos profesores que no tengan un sexenio de investigación activo, afectando directamente a docentes con una sólida trayectoria investigadora. Esta medida no solo insinúa injustamente que quienes no poseen un sexenio reciente no están trabajando, sino que además los castiga con mayor carga docente sin valorar sus contribuciones previas a la universidad. Más allá de una decisión académica, parece responder a criterios económicos, priorizando la reducción de costes sobre el reconocimiento del profesorado experimentado y su impacto en la comunidad universitaria.
El Consejo de Gobierno ha tomado esta resolución, casi por unanimidad, sin considerar la oposición de la Junta de Personal y el Comité de Empresa, ignorando los mecanismos democráticos de representación y defensa del profesorado. Su decisión evidencia una tendencia a valorar exclusivamente la productividad investigadora reciente, sin considerar el impacto acumulado de los docentes que han dedicado años a la generación de conocimiento. Este enfoque puede generar una desconexión entre los profesores más experimentados y la institución, debilitando su compromiso con la universidad y afectando la calidad del ecosistema académico. Desincentivar la investigación pasada sin reconocer su valor histórico es un error que, con certeza, afectará la motivación del profesorado más veterano. Precisamente aquellos docentes que han dedicado su vida a la universidad son su mayor activo, y no una rémora.
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