BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

La constitución española establece que los ciudadanos, los españoles, “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. El procedimiento habitual de acceso a la función pública ha sido la oposición, el examen de los varios interesados que reúnen los requisitos necesarios en cada caso para ocupar un número de puestos normalmente inferior al de candidatos.

Pronto va a tener lugar una de esas oposiciones a catedrático en nuestra Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid. Dos candidatos, una sola plaza: D. Jorge Clemente Mediavilla (decano de la Facultad) y D. Javier Sierra Sánchez (Delegado del Rector para el Desarrollo y Evaluación de Programas). Puede que nos encontremos ante un verdadero choque de trenes, porque este es un concurso de alto voltaje que tiene a la Facultad revolucionada y expectante.

La comisión juzgadora (el tribunal) una vez constituida, deberá hacer público el baremo, llamar a lo candidatos para que presenten constancia documental de sus méritos y un ejemplar de sus publicaciones. A continuación, baremará a ambos y para aquel de los dos (o los dos) que supere una puntuación mínima establecida en las bases del concurso, convocará la segunda de las pruebas que consiste en la exposición pública de un tema de su elección. Finalmente, la comisión debatirá con cada uno de ellos sobre su exposición, su proyecto docente y su curriculum vitae y terminará su trabajo con la correspondiente propuesta de provisión.

Como los perfiles de ambos son públicos en Google Scholar y en Dialnet Métricas me permito reproducirlos aquí, con propósito meramente informativo. Miren con cuidado y comparen, queridos lectores. Obviamente, ambos habrán detallado mucho más todo esto en la documentación aportada y sobre ella trabajará la comisión.

Pero, verán ustedes: uno de los candidatos, siguiendo la costumbre de la Facultad, ha escogido libremente a los miembros del tribunal, de la comisión tanto los dos de la UCM como los tres de fuera de ella. Así, porque «se trata de SU PLAZA», Luego lo han confirmado el Consejo de Departamento y la Junta de Facultad sin ningún problema (entre bomberos no pisarse la manguera) y con ello, lo que es una postura de partida ventajista pasa a ser inmediatamente “legal”. Puede argumentarse que la plaza se crea por promoción de este candidato, pero es que el concurso no es algo cerrado por “promoción interna” sino que es público y a él pueden concurrir cualquiera que reúna las condiciones legales, sea de la universidad o del departamento que sea. Si es público y uno de los candidatos elige el perfil docente, el investigador y los miembros del tribunal, aquí hay algo que no está bien, por muy legitimado que esté por el departamento y por la Junta de Facultad.

Es como si, en una partida de ajedrez, a uno de los contendientes le han quitado una torre, o la dama y además el juez árbitro ha sido designado por el otro jugador. Si lo prefieren en términos boxísticos, uno de los contendientes escoge a los árbitros a su gusto, en un combate que se va a decidir a los puntos. Visto desde fuera, al que no ha podido escoger le quedan dos opciones si se presenta. La primera, estar tan seguro de que va a dejar KO al que sí ha elegido a los árbitros, que no habrá necesidad de que estos tengan que calificar y votar vencedor. La segunda, confiar en que por ser un acto abierto a la asistencia de quien quiera, el público reconozca esa superioridad y los árbitros se limiten a confirmar el veredicto popular. Pero las oposiciones no se resuelven por aclamación.

Todavía más: quizá para reducir esas posibilidades el candidato elector de árbitros ha podido también escoger el día del encuentro con mucho tiempo, prepararse y no decir nada al contrincante hasta que no sea inevitable: diez días antes del combate. Y por si fuera poco ha convocado a los suyos a una reunión, el mismo día del combate, para que llenen la sala y no dejen sitio a otros: así hasta el público estará escogido.

Parece mentira, pero es verdad: el 9 de enero el secretario del tribunal reservó una sala para una oposición para el día 13 de febrero y lo curioso es que quien aprueba esa distribución de salas es el decano. El otro candidato a por uvas por silencio. Otra coincidencia: el mismo día de la oposición, el decano ha convocado a su candidatura (los que le eligieron para el cargo) justo en la sala de al lado de la correspondiente a la oposición…

Esperemos que, para que haya igualdad, los árbitros sean de verdad imparciales, los haya escogido quien los haya escogido.