BLOG DE FERNANDO QUIRÓS

Por Fernando Quirós

Desde el último cuarto del siglo XX, con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el capitalismo ha adoptado una nueva forma, en el que las clases dominantes encauzan en su beneficio las nuevas formas productivas emergentes, en especial aquellas que giran en torno al trabajo intelectual, inmaterial y/o cognitivo. Esta es la tesis de, entre otros Negri, Lazzarato y Hardt. El mundo académico es, sin duda, una de estas labores que en el capitalismo industrial quedaba relegada al ámbito de lo privado o a ser desarrollada por las instituciones del Estado del Bienestar.

Las clases dominantes han descubierto la extraordinaria fuente de negocios que encierra la universidad y, en vez de considerarla una actividad improductiva, la han convertido en un “nicho de negocio”, cambiando su forma tradicional de funcionar y acoplándola a los mecanismos de dirección del propio sistema. Se trata de una profunda transformación en el modo de considerar la enseñanza mediante la subordinación del trabajo que en ella se desarrolla a los criterios de máxima rentabilidad de la inversión. La universidad, aceleradamente, está dejando de ser un terreno abierto a una comunidad, para convertirse en propiedad privada que solo permite la “apropiación” a través de un sistema de compra-venta o alquiler; es decir, a través de un estipendio monetario, convirtiéndose, así, en un espacio cerrado de modo que, lo que crezca en su interior (las fuentes de investigación, los nuevos conocimientos…) sea puesto a disposición de empresas o grupos a los que el centro paga. Al mismo tiempo se levanta barreras para el acceso de los menos pudientes, mediante al aumento de las tasas y la reducción de las becas. El conocimiento que, en sí mismo no es una mercancía, queda, por este sistema, sometido a la lógica mercantil. Esto es lo que ocurre con los sistemas de evaluación y publicación de los trabajos científicos que, en todas las áreas son necesarios para el progreso de la ciencia.

Publish or Perish

El docente universitario y/o el investigador, está obligado a publicar en determinadas revistas, consideradas de impacto y a hacerlo constantemente (no olvidemos el sexenio vivo). Hace algunos años se hizo viral esta viñeta:

Pero, lo malo no es solo eso. Las revistas de impacto son propiedad de grupos privados, que figuran en las bases de datos de poderosos grupos empresariales, igualmente privados, que hacen un negocio muy rentable con el trabajo de las universidades y centros de investigación. Hoy se publica en tres tipos de revistas: las que cobran por publicar (las llamadas clásicas), las que cobran por leer (open acces) y las híbridas en las que el autor decide por cuál de los dos sistemas anteriores publica su paper. Actualmente los precios pueden oscilar aproximadamente entre 500 y 2.500 euros por artículo, correspondiendo los más elevados a revistas de editoriales internacionales con alto factor de impacto y siendo aún más elevados cuando se trata de revistas híbridas El coste puede ser asumido por el autor o por las universidades y los organismos gubernamentales. La empresa siempre cobra, siempre gana, porque recibe dinero de los autores o de estas organizaciones que mediante acuerdos comerciales asumen los costes por el sistema de “cargos por el procesamiento de artículos” (APC, en sus siglas en inglés).

La cuestión que quiero abordar hoy es de quiénes son las bases de datos y las revistas de este sistema piramidal y jerarquizado. ¿Trabajamos para el progreso de la ciencia? ¿Trabajamos para el progreso de nuestra universidad o nuestro centro de investigación? Es indudable que SI. Pero, sobre todo trabajamos para un sistema privado con ánimo de lucro típico del capitalismo cognitivo en el que vivimos. Los profesores e investigadores de las universidades públicas y de centros de investigación, igualmente sostenidos con fondos públicos, somos empleados de éstos a los que aportamos nuestro conocimiento, que no es en primer término una mercancía. Pero para poder hacer una carrera profesional estamos obligados a trabajar gratis para un puñado de corporaciones que reciben el beneficio de nuestro trabajo y que también reciben dinero de las suscripciones que universidades y centros de investigación, se ven obligadas a pagar para que nuestro trabajo se pueda conocer.

Los amos de las bases de datos y los grandes editores de revistas

No hay progreso profesional fuera de la Web of Science o del Scimago Journals Rank. Si la revista en la que publicas no está indizada allí, y en los primeros cuartiles, tus posibilidades de obtener una evaluación positiva para un tramo de investigación (sexenio) o para una acreditación para una plaza docente, son muy pocas.

La WoS, donde se encuadrael JCR, es propiedad de la corporación Thomson Reuters, un coloso empresarial con sede en Nueva York, nacida de la fusión en 2007 del grupo canadiense The Thomson Corporation y la agencia de noticias británica Reuters. The Thomson Corporation ya era una de las empresas más grandes del mundo en la provisión de servicios especializados. Reuters era y es la primera agencia de información económica del mundo y la segunda en cuanto a agencia tradicional. Opera en los campos de las finanzas, los servicios jurídicos, la sanidad, la ciencia y los medios de comunicación.

SJR, donde está Scopus, es propiedad de Elsevier, una empresa, con sede en Londres, nacida de la fusión en de la británica Reed International y a holandesa Elsevier en 1993. Ambas eran especialmente fuertes en el sector de revistas especializadas antes de la fusión. Opera en los sectores de la prensa, la edición de libros, las revistas científicas y la exhibición.

¿Tienen estas corporaciones actividades empresariales que puedan ser objeto de sus propios sistemas de evaluación y de sus bases de datos? SI.

Thomson Reuters ofrece una variada gama de productos en los campos del asesoramiento financiero, farmacología y la salud y la legislación, que edición de revistas de asesoramiento para las cuales es de suma utilidad el producto Web of Science. Por ejemplo, los productos de la división Pharma & Life Sciences, se promocionan haciendo una referencia constante a la disposición de la mejor investigación, los mejores datos, los mejores sistemas de marketing, etc.. En la rama jurídica recopila jurisprudencia y doctrina sobre los temas más variados a través de editoriales de revistas adaptadas a cada región del mundo. En el Reino Unido ELLIS Publications,en Canadá Les Editions Bleus, en América Latina, Thomson Reuters La Ley. En España es la dueña del Grupo Aranzadi lo que supone la revista del mismo nombre y Civitas.

El caso de Elsevier es mucho más claro porque es la propietaria de 2.920 revistas científicas en todo el mundo. Huelga decir que todas están indizadas en Scopus. En España es dueña de un centenar de cabeceras en biomedicina; catorce en economía, tres en educación, una en marketing, siete en psicología, tres en ingeniería y otra más dedicada a la información industrial.

Junto a Thomson Reuters y Elsevier, otros tres grandes grupos empresariales hegemonizan la publicación de artículos científicos: Wiley and Sons (EEUU), ACS Publications (EEUU) y Spinger Science+Business Media (Alemania). Estas empresas son propietarias de la mayoría de las revistas científicas a las que los investigadores deben enviar sus trabajos, si desean una publicación que les garantice la difusión de sus resultados y la posterior evaluación positiva necesaria para garantizarse una buena carrera profesional. Es decir: publican material elaborado por terceros, que además les pagan por publicarlo o por leerlo y que revisan terceras personas (otros científicos, que validan o rechazan el artículo en cuestión) de manera gratuita.

Los acuerdos transformativos

En España, la CRUE y el CSIC llegaron en 2021 a un acuerdo con ACS, Elsevier, Springer y Wiley para tener con cada editor y bajo un mismo contrato, la suscripción de revistas y la opción de publicar en acceso abierto los trabajos de investigación sin coste adicional. Este tipo de acuerdos se denominan Acuerdos Transformativos (AT). Los acuerdos deben revisarse en 2024.

En líneas generales, estos convenios significan que las universidades y el CSIC tienen acceso a la lectura de las colecciones de revistas suscritas, al mismo tiempo que sus investigadores podrán publicar un número predeterminado y cerrado de artículos de un listado concreto de títulos por unos importes que irán a cargo de ese contrato no teniendo, por tanto, que ser el investigador quien tenga que gestionar y/o asumir el coste de la publicación (los APC) que antes salían de los bolsillos de los investigadores. Su objetivo es ahorrar costes a los investigadores y pasarlos a las instituciones, a la vez que se garantiza el acceso universal para “transformar” el sector y el modo en que se publica y accede al producto escrito de las investigaciones científicas.

Como resultado las editoriales reciben, en total, 170 millones de euros (45 al año de media) e incluyen en el precio la publicación de unos 12.000 artículos cada ejercicio. La producción española de 2021 fue de 136.808 artículos, según Web of Science (WoS).

Conclusión

Personalmente, no rechazo esos acuerdos, en tanto que los investigadores no se ven obligados a afrontar costes imposibles de su bolsillo o detraerlos de fondos de los proyectos de investigación. Pero, La CRUE y el CSIC, actúan a modo de salvadores, financiando con dinero público a este oligopolio de empresas transnacionales, que hegemoniza las revistas científicas en todos los campos y posee las mejores bases de datos para dar servicios privados a empresas, igualmente, privadas en todo el mundo. Esto es poner la universidad a los pies del mundo empresarial, investigando y publicando sobre temas y asuntos que son claves para sus negocios.

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